El fallo de la Corte de La Haya sobre la delimitación marítima entre Perú y Chile es una sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia el 27 de enero de 2014, mediante la cual se resolvió el caso concerniente a la delimitación marítima entre la República del Perú y la República de Chile, iniciado por aquella el 16 de enero de 2008, y que involucraba un área marítima —y su correspondiente espacio aéreo— de aproximadamente 67 139,4 km², de los cuales unos 38 000 km² eran considerados como mar chileno y 28 471,86 km² como alta mar parte del mar presencial de Chile.

La sentencia adjudicó al Perú un área marítima total de algo más de 50 000 km² —equivalente a la superficie terrestre de Costa Rica o Eslovaquia—, que pasará a formar parte de las zonas marítimas peruanas, y que hasta entonces se distribuía en dos sectores de condición jurídica distinta: el primer sector, con una superficie aproximada de 22 000 km² —equivalente a la superficie terrestre de El Salvador—, era considerado por Chile como parte de su zona económica exclusiva, y por tanto, explotado como mar patrimonial; en cambio, el segundo sector, de 28 471,86 km² —equivalente a la superficie terrestre de Guinea Ecuatorial—, era considerado como parte de la alta mar, bajo las reglas establecidas por la Convención sobre el Derecho del Mar, es decir, un área oceánica abierta a todos los países. Como contraparte, el fallo ratificó los derechos soberanos de Chile sobre 16 352 km² de mar que ya explotaba desde hacía décadas, siendo ésta mayormente el área situada a menor distancia a la costa y que, por tanto, corresponde a la más rica en recursos pesqueros del total de aguas en controversia.

Conforme al Derecho internacional, el fallo es obligatorio para las partes,las cuales están comprometidas a cumplirlo, habiendo quedado sometidas a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en virtud del Pacto de Bogotá. No obstante, conforme a los procedimientos ante la Corte, existe la posibilidad de presentar recursos de interpretación o revisión. Con todo, el efectivo cumplimiento del fallo de la Corte no es una situación automática y requerirá de la voluntad de ambas partes, pues a lo largo de la historia de la Corte se han acumulados algunos casos en que una de las partes dejó de cumplir su sentencia o se inclinó por afirmar que era inaplicable, siendo ejemplo de lo último el fallo pronunciado sobre la controversia territorial y de delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua.